Europa dictamina que el coste de los despidos improcedentes en España vulnera la Carta Social Europea

La reciente resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha puesto de manifiesto un debate crucial en España sobre el sistema de indemnizaciones por despido. Esta resolución, derivada de una reclamación presentada por el sindicato UGT en 2022, cuestiona la adecuación del marco legal español en materia de indemnización por despido improcedente a los estándares establecidos en la Carta Social Europea. Este pronunciamiento ha desencadenado una serie de reflexiones y discusiones sobre el estado actual del mercado laboral español y la necesidad de reformas para garantizar la protección adecuada de los trabajadores.

Indemnización actual por despido improcedente

En el centro del debate se encuentra el sistema de indemnización por despido vigente en España, que establece un máximo de 33 días por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades, en casos de despido improcedente. Si bien esta legislación ha estado en vigor durante varios años, el pronunciamiento del CEDS ha resaltado deficiencias significativas en su capacidad para proporcionar una compensación justa y adecuada a los trabajadores despedidos. Se argumenta que este sistema no tiene en cuenta las circunstancias individuales de cada caso y, por lo tanto, no garantiza una protección efectiva para todos los trabajadores.

Una de las críticas más importantes al sistema actual es su falta de equidad entre los trabajadores con antigüedad y aquellos que están en las primeras etapas de su carrera laboral. Se ha señalado que los trabajadores más jóvenes o aquellos con contratos temporales son los más afectados por las limitaciones del sistema de indemnización por despido. Esto plantea interrogantes sobre la equidad y la justicia del sistema y resalta la necesidad de reformas que aborden estas disparidades.

Indemnización por despido en otros países europeos

Se ha observado que la indemnización por despido en España está por debajo de la de otros países europeos, como Alemania, Francia o Italia. Esta comparación pone de relieve la urgencia de revisar y posiblemente ajustar el sistema español para garantizar que esté en línea con las prácticas y estándares internacionales en materia laboral. En este sentido, el pronunciamiento del CEDS ha servido como una llamada de atención para abordar estas deficiencias y trabajar hacia soluciones más efectivas y equitativas.

Debate sobre la reforma del sistema de indemnización

Ante esta situación, tanto el sindicato UGT como el Gobierno español han expresado su compromiso con la reforma del sistema de indemnizaciones por despido. Se han propuesto diversas medidas, como aumentar la indemnización para los despidos en contratos cortos o volver a establecer una indemnización de 45 días por año trabajado. Sin embargo, la implementación de estas reformas podría enfrentar obstáculos políticos y requerir un amplio consenso entre las diferentes partes interesadas.

En resumen, la resolución del CEDS ha generado un debate urgente sobre la necesidad de reformar el sistema de indemnizaciones por despido en España. Es fundamental abordar estas deficiencias y trabajar hacia soluciones que garanticen una protección efectiva para todos los trabajadores en el país. Esto requerirá un esfuerzo conjunto y coordinado entre el gobierno, los sindicatos y otros actores relevantes para asegurar un mercado laboral más justo y equitativo para todos.

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