El Real Decreto 893/2024, aprobado el 10 de septiembre, introduce importantes cambios en la normativa que regula la protección de la seguridad y salud de las trabajadoras del hogar.
Este decreto sigue la línea de reformas que el Gobierno ha implementado en los últimos años, en parte motivadas por las circunstancias derivadas de la pandemia de COVID-19, que puso de manifiesto ciertas dificultades en este sector.
Desde la ratificación del Convenio 189 de la OIT, España ha tenido el compromiso de regular más estrictamente las condiciones laborales en el ámbito doméstico. El nuevo Real Decreto introduce una serie de obligaciones para las familias empleadoras, con el objetivo de formalizar las relaciones laborales y clarificar los derechos y deberes de ambas partes.
Principales cambios para las trabajadoras del hogar
El Real Decreto trae consigo ciertas novedades para las trabajadoras del hogar, enfocadas principalmente en la seguridad y la salud en el entorno de trabajo. Entre ellas destacan:
- Reconocimiento médico voluntario: Las trabajadoras tendrán derecho a un reconocimiento médico voluntario, tanto si trabajan solo para una o para diferentes familias, lo que permitirá un control más centralizado de su estado de salud.
- Acceso a la sanidad pública: Se incluirá este reconocimiento médico en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, facilitando su acceso.
- Evaluación de riesgos laborales: El decreto exige una evaluación de los riesgos laborales en el hogar y garantiza la formación necesaria para prevenir posibles accidentes o enfermedades laborales.
- Protocolo contra el acoso: Se desarrollará un protocolo específico para prevenir y tratar casos de acoso en el trabajo doméstico.
Cambios significativos para las familias empleadoras
El Real Decreto implica nuevas responsabilidades para las familias que contratan trabajadoras del hogar. Estos cambios suponen un esfuerzo adicional en términos de gestión, administración y cumplimiento de las normativas de seguridad y salud. A continuación, se detallan algunos de los aspectos más relevantes:
- Evaluación de riesgos en el hogar: Los empleadores estarán obligados a realizar una evaluación de riesgos laborales en el hogar. Para facilitar este proceso, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) pondrá a disposición una herramienta específica que ayudará a cumplir con esta exigencia de forma accesible. Sin embargo, este requisito puede suponer un aumento en la carga administrativa para las familias, especialmente aquellas con menos recursos o conocimientos en este ámbito.
- Equipos de protección individual: Las familias deberán proporcionar los equipos de protección individual (EPI) necesarios para garantizar la seguridad de las trabajadoras. Estos equipos pueden variar dependiendo de las tareas desempeñadas, pero su coste recaerá en los empleadores.
- Contratos laborales formales y detallados: El decreto refuerza la necesidad de formalizar las relaciones laborales mediante contratos más claros y detallados. Esto incluye especificar aspectos como la jornada laboral, el salario, los descansos y las condiciones de trabajo, lo que puede implicar una mayor preparación y conocimiento sobre la legislación laboral por parte de los empleadores.
- Impacto económico: La implementación de estas medidas podría generar un incremento en los costes laborales para las familias, especialmente aquellas que necesiten adaptarse a los nuevos requisitos de seguridad y protección. A pesar de que se han anunciado posibles incentivos fiscales para facilitar el cumplimiento de la normativa, las familias deberán estar preparadas para asumir gastos adicionales derivados de la compra de EPI o la contratación de servicios de asesoría laboral para cumplir con la normativa.
En definitiva, las familias empleadoras tendrán que adaptarse a un marco legal más exigente y costoso. En Torres y Alarcón, estamos a disposición de estas familias para facilitar la transición hacia el cumplimiento de esta normativa. Si necesitas asesoramiento sobre cualquier aspecto relacionado del Real Decreto 893/2024, no dudes en contactarnos.